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Colaboramos con personas de bajos ingresos y trabajadores con el fin de desarrollar equidad económica y racial. Para lograrlo, confrontamos los abusos económicos e invertimos en la riqueza comunitaria. Usamos un conjunto de herramientas legales, económicas y de abogacía que están en constante evolución para desafiar y desmantelar los sistemas injustos, construyendo así rápidamente un mundo donde todas las personas tengan lo que necesitan para vivir y prosperar.
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El proyecto comenzó como un esfuerzo de organización comunitaria totalmente integrado por voluntarios con el fin de reclutar abogados y orientar las políticas para proteger a los inquilinos durante la pandemia. En base a las opiniones y participación de los clientes, el CEDP desarrolló un modelo que les da a los inquilinos que enfrentan un desalojo un punto único de contacto para obtener servicios de estabilidad. El programa integra admisión y exploración de recursos, pagos rápidos de asistencia de alquiler, defensa legal contra desalojos y, cuando es necesario, apoyo realojamiento. También nos enfocamos en generar cambios políticos junto a nuestros clientes, pasando de casos en particular a cambios sociales. Este trabajo de organización condujo a una legislación transformadora de los derechos de los inquilinos en 2021 y a una Declaración de Derechos de Remolque con el fin de detener los remolques abusivos no consensuados en 2022.
Los clientes del CEDP han empujado a la organización a pensar más ampliamente en la interseccionalidad de la vivienda y la inestabilidad económica. Nuestro trabajo ahora se lleva a cabo bajo el estandarte Proyecto de Defensa Económica de la Comunidad con el fin de reflejar el mandato más amplio de la organización.